Los trabajos para encontrar al último alcalde de San Lorenzo y un obrero en la fosa de Vegueta comienzan 80 años después de su aciago asesinato

13 jul 2018

El camión de la carne salía cada día desde el campo de tiro de la Isleta cargado de cadáveres y bajaba por la calle Faro, atravesaba Juan Rejón, Albareda, León y Castillo, Triana y Reyes Católicos hasta el Cementerio de Vegueta dejando a su paso un reguero de sangre ante el asombro de la ciudad.

Uno de aquellos cuerpos era el del abuelo de Paco González, quien hoy junto a la fosa común en la que se sospecha que fue enterrado aseguró que tenía un nudo en la garganta porque 80 años después de aquellos aciagos hechos, el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de la capital han decidido que ha llegado la hora de hacer justicia a su memoria. Es más, el presidente insular, Antonio Morales, le reiteró el compromiso de llegar lo más lejos posible para reparar aquel brutal daño.

Y es que tanto Francisco González, abuelo del hoy presidente de la Asociación de Memoria Histórica de San Lorenzo, como el último alcalde republicano del extinto municipio de San Lorenzo, Juan Santana Vega, una figura totalmente emblemática, huyeron junto a una decena de hombres desde que el Ayuntamiento, hoy casa de la cultura, fue tomado por las fuerzas franquitas. Una noche, las brigadas del amanecer entraron en su casa y lanzaron contra la pared a Braulio, un bebé de cuatro meses que falleció brutalmente ante el horror de su madre, una tía y sus tres hermanos, entre ellos el padre de Paco de once años, en la actualidad de 92 años, y no es el único testigo vivo de aquellos horrores.

El pánico porque las brigadas mataran a sus otros tres hijos, hizo que el abuelo se entregara, también lo hizo el alcalde porque habían amenazado con matar a su hermano, de manera que ambos fueron fusilados en el campo de tiro de La Isleta el 29 de marzo de 1937 y enterrados en una de las fosas comunes del Cementerio de Vegueta y, según un testimonio, uno junto a otro con una loza en medio que ayudara a identificarlos tal vez algún día. Pero salvando que fueron llevados a este camposanto, lo demás son indicios, hipótesis o líneas en las que indagar, porque del resto casi nada es seguro.

El Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de la capital y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria han conformado un grupo de trabajo coordinado por Javier Márquez que, con una inversión de 30.000 euros aportados a partes iguales por la Institución insular y local, permitirá al fin iniciar los trabajos. Se trata de una decisión elogiada por los familiares porque España, apuntó González, es el segundo país del mundo con mayor número de desaparecidos y fusilados por el Estado del mundo tras Camboya, unas 122.000 personas, en torno a 5.000 de ellas en Canarias, 2.000 solo en Gran Canaria, y muchos testimonios ya se han perdido porque mucho se ha tardado.

Así, tras ocho décadas, el equipo comenzará a recopilar toda la información habida y por haber para buscar todas las pistas posibles que vayan confirmando o descartando opciones porque se trata de un empeño nada exento de importantes complicaciones y, por otra parte, de una empresa apasionante.

Una parcela dividida en 28 fosas con un centenar de cuerpos cada una

El cementerio tiene varios “cuarteles” o parcelas a su vez divididas en fosas comunes, y según los papeles de la época, los dos fusilados fueron llevados al cuartel número seis y de sus 28 fosas comunes de dos por dos metros, fueron depositados en la número dos. Eso fue en 1937, pero el único documento encontrado hasta el momento en el que conste el parcelamiento del camposanto data de 1898, y no hay certeza de que en 40 años no fuera modificado.

A tenor del único documento disponible, y según el hijo del sepulturero de la época, Javier Márquez indicó hoy el lugar más probable de la fosa número dos, casi en la esquina sureste del supuesto cuartel número seis, la parcela de fosas situada al fondo a la izquierda del Cementerio de Vegueta.

Una ventaja es que esta parcela en la que fueron enterradas en torno a 3.000 personas en sus 28 fosas entre 1907 y 1955 es que sigue siendo una parcela pública, porque la contigua, supuestamente la número cinco, y en la que pueden hallarse los militares fusilados de Sidi Ifni, fue vendida y dividida en tumbas que hoy son propiedad privada.

Márquez estima que solo en la fosa común número dos de esta parcela seis fueron enterradas más de un centenar de personas, con la complicación de que para ello fueron abiertas varias veces y no hay constancia de si depositaban los cadáveres sobre los restos anteriores o si primero eran vaciados y llevados a osarios, lo que supone otra de las grandes incertidumbres.

Al hecho de saber si el lugar se corresponde y si los restos continúan, se suma el estado en el que podrían estar, porque tanto escorrentías pluviales como filtraciones del agua del mar afectan al subsuelo de este terreno, hoy cubierto por césped y cuya inestabilidad queda patente en la inclinada cruz situada en su centro.

Al registro de documentación de varias cajas depositadas en La Favorita, en San Lorenzo y en Urbanismo, siempre con el inconveniente de que los cementerios eran gestionados de forma autónoma por un administrador y la constancia de actuaciones no es prolífera, se sumará el uso de un georradar e incluso se hará una cata con un orificio de 15 o 20 centímetros de diámetro para obtener más información y, con todo, que el equipo de trabajo pueda entregar un informe provisional en octubre y el definitivo en diciembre o enero.

A diferencia de la actuación emprendida por el Cabildo en el pozo de Tenoya, donde fueron encontrado restos de 14 represaliados, y el que pretende iniciar en la Sima de Jinámar, este espacio no fue concebido como un lugar de enterramiento de fusilados, ilegal o clandestino, este era un lugar común de enterramiento, incluidas las víctimas del tifus de finales de los años 30.

A la luz de lo que revelen las investigaciones será tomada la decisión técnica y política de proceder a la excavación, lo que conllevará, recordó el concejal de Urbanismo de la capital, Javier Doreste, una actuación que se ajuste a que el espacio es un Bien de Interés Común y a que precisa autorización judicial.

Las incógnitas son muchas, como por qué comenzaron los registros el 1 de enero de 1937 y no antes, qué pasó en todos los meses anteriores de guerra o por qué los enterramientos en la fosa pararon y luego se reanudaron, y la situación está además salpicada de historias con poco crédito como que los enterraban junto a colillas, testimonios contradictorios y también está la esperanza de que como era costumbre fueran depositados junto a una botella con sus nombres.

El desenlace es por todo ello completamente incierto, pero aun así, Paco González, que esgrimió una antigua foto de Franco en el Cementerio de Vegueta los días previos al golpe, insistía junto a la fosa en que el hecho de que los trabajos de investigación por fin vayan a comenzar ya ha convertido este viernes “en un día histórico”.

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