El consejero de Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Aguas del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Hidalgo, sostuvo hoy que el Consejo Insular de Aguas, garantiza la continuidad del servicio de abastecimiento a los núcleos de población de las medianías y cumbres del noroeste de la Isla y censuró las "prácticas caciquiles, de abusos y dependencia de los suministradores de aguas" que muestran algunas comunidades de regantes.

El consejero hizo estas declaraciones a raíz de los problemas que se han producido debido a los cortes del suministro de agua destinada al abastecimiento que han sufrido 1.076 familias de Santa María de Guía, por parte del Consorcio de Comunidades de Regantes del Noroeste de Gran Canaria 'Iniciativa por el agua', en una comparecencia en la que le acompañaron los alcaldes de Santa María de Guía, Pedro Rodríguez, y de Gáldar, Teodoro Sosa, y el presidente de la COAG, Rafael Hernández.

Ante esta situación, Hidalgo denunció "la forma unilateral de toma de decisiones, por parte de los suministradores de agua" y aseguró que no existen motivos de ausencia o falta de suministro en los puntos de distribución, en los que se viene realizando con normalidad. Asimismo, comentó que las actuaciones como fuente de suministro de aguas se realizan a través de acuerdos con la Comunidad de Regantes Faldas de La Atalaya, con la que se está al corriente de los pagos.

Y es que el consejero trasladó la sorpresa que ha supuesto -para el Consejo Insular de Aguas- el hecho de que la notificación del corte de suministro venga con un escrito del Consorcio de Comunidades de Regantes del Noroeste de Gran Canaria 'Iniciativa por el Agua', con el que ni el ayuntamiento, ni Canaragua SA mantienen ningún tipo de relación para la zona donde han efectuado ese corte.

En este punto, criticó la "utilización partidista" de la posición de privilegio que ostenta al contar con un monopolio, con la finalidad de hacer daño político a la Corporación municipal, "cuando la realidad ha sido el indignante daño que se les hace a los vecinos y vecinas de los barrios y núcleos afectados por este irresponsable e injustificado corte de agua", sentenció.

Y, ante esta situación, subrayó que el Consejo Insular de Aguas realizará todas las compras, los convenios y las negociaciones que sean necesarias para garantizar la continuidad del servicio de abastecimiento a los núcleos de población en las medianías y cumbres del noroeste de la Isla, como lo viene haciendo en otros puntos del territorio insular. Y, además, culminará los bombeos necesarios para que, en momentos de necesidad, el agua industrial procedente de las plantas desaladoras cubra las carencias que se puedan producir, debido a la ausencia o los bajos rendimientos de las fuentes de agua.

También valoró la rápida reacción del Gobierno municipal de Guía que, de inmediato, puso en marcha servicios de cubas, "para mantener el derecho de sus vecinos y vecinas a tener el agua en sus domicilios, por seguridad sanitaria", recalcó Hidalgo, quien aclaró que el Consejo Insular de Aguas ya ha iniciado el expediente de requisa pertinente, de acuerdo con la Ley de Aguas de Canarias 12/1990 de 26 julio, "dado que el restablecimiento inmediato del suministro en la zona es prioritario".

De igual modo, anunció que el Consejo iniciará las acciones legales pertinentes, en el caso de que sus Servicios Jurídicos detecten "un uso indebido de un recurso que es un bien público y que está amparado por el interés general, y protegido y regulado mediante la legislación en materia de aguas", declaró. "Además de la reclamación de los daños y perjuicios a los que han tenido que hacer frente tanto la ciudadanía como el Ayuntamiento de Santa Mª de Guía, para mantener el servicio de abastecimiento", apostilló.

Derechos perdidos, por impago de recibos

En su intervención, Hidalgo dejó muy claro que el Consorcio de Regantes del Noroeste de Gran Canaria ha perdido el derecho al aprovechamiento del agua procedente de las desaladoras de Roque Prieto y Bocabarranco, "por impago de los recibos pasados al cobro", en una actuación amparada en las ordenanzas reguladoras de este organismo, con las notificaciones correspondientes y con el perfecto conocimiento del deudor. Por ello, recalcó que el Consejo Insular de Aguas exigirá que la Junta de Gobierno del Consorcio reconozca la totalidad de la deuda y que comprometa un plan de pagos con garantías de abono de los futuros consumos.

"El Consejo no ha cortado el agua a ningún agricultor, ya que el consumidor de nuestros servicios es el Consorcio, que es quien ha perdido el derecho al aprovechamiento, por no pagar", enfatizó. Y aseveró, igualmente, que se están recabando y atendiendo las peticiones de las y los agricultores que se han visto sorprendidos por la ausencia de agua en sus cultivos, cuando ellas y ellos sí realizan sus pagos al Consorcio.

En este sentido, puntualizó que el Consejo Insular de Aguas y el Cabildo de Gran Canaria suministran a las y a los consumidores con tarifas públicas, que recogen la mayor subvención al agua pública de Canarias, al no incidir en ellas las desproporcionadas subidas de los costes derivados de la energía eléctrica. Y lo hacen como medida de protección de la agricultura y en favor de los avances hacia la soberanía alimentaria.

Indicó también que el gerente del Consejo Insular, con las asistencias técnicas que requiera, asumirá la responsabilidad de la realización de una auditoria–inventario de todos los recursos hídricos públicos y privados, de las redes de distribución públicas y la ordenación del uso de las mismas, así como de las infraestructuras compartidas con comunidades y heredades, en la zona noroeste de Gran Canaria.

"El Consejo Insular debe garantizar el suministro mediante sus infraestructuras y no permitirá el bloqueo de las mismas por ninguna organización de riego que incumpla sus funciones y sus obligaciones, y que solo busca dañar al sector y a las administraciones públicas con fines políticos", concluyó. Una tarea para la que cuenta con la colaboración incondicional de los ayuntamientos, a la hora de garantizar el abasto público y el suministro a la agricultura, que se suman a la Comisión técnica de trabajo en la que se define la estrategia de producción y distribución de aguas en la comarca. Finalmente, agradeció a las diferentes comunidades de regantes de la comarca, que han ofrecido sus infraestructuras para que el agua disponible llegue a los campos, y que sí están cumpliendo sus obligaciones y funciones.

Sosa recomienda a Coalición Canaria "que se despegue de la gente tóxica"

El alcalde de Gáldar y consejero insular de Presidencia, Teodoro Sosa, mostró su solidaridad con el municipio de Guía y calificó de "un chantaje que no podemos permitir" la actitud del Consorcio de comunidades de regantes del noroeste. "Existen monopolios en algunos sectores y debemos reconducir la situación", argumentó. Ahondó aún más e incidió en que esta maniobra se debe a que se acercan las elecciones y "se busca manipular a las personas con estos chantajes". De hecho, se dirigió a Coalición Canaria, para recomendarle "que se despegue de la gente tóxica, porque ¿qué partido político puede estar apoyando esto?", se preguntó e hizo un llamamiento para acabar con los monopolios y con el miedo de las y los agricultores, que son rehenes de personas que "actúan como caciques".

Pedro Rodríguez, por su parte, abundó en la idea de la influencia política en esta situación, al señalar que el corte de agua al millar de familias se produjo tras el rechazo -por parte del Gobierno de Guía- de una moción presentada en el Pleno por Coalición Canaria. Por todo ello, el alcalde guiense instó al Consejo Insular de Aguas a proceder a las requisas para garantizar el suministro a la población, a poner en marcha las infraestructuras necesarias para evitar estos problemas, "y a garantizar el riego de las y los agricultores, que están muy preocupados por el impago del Consorcio, cuando ellos sí están pagando el agua que consumen".

Rafael Hernández, a su vez, insistió en que es preciso actuar "para no volver a la situación de hace 25 años, cuando unos pocos manejaban el agua" y transmitió su convencimiento de que el problema se puede resolver, si la agricultura deja de tener miedo de regresar al pasado y si se ponen en marcha los enganches directos, "para no tener que depender de caciques y de este tipo de explotadores".